¿Cómo amplía China el acceso a servicios según dónde vive la gente, no su registro?

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Quién gana, quién paga y qué decide Chile

El Consejo de Estado, el gabinete, emitió la directriz de mayo de 2026, continuando una reforma que los ministerios de seguridad pública, recursos humanos, educación y la Administración Nacional de Seguridad Médica (NHSA, ) vienen empujando por etapas. El mecanismo es desligar el servicio del registro: usar el permiso de residencia y la residencia efectiva como base para dar escuela, salud y vivienda. El centro ordena el principio; la ejecución y el costo recaen en los gobiernos locales, que son los que pagan los servicios. Por eso el avance real depende de que las ciudades ricas acepten financiar a quienes antes excluían.

Para el migrante, la reforma promete que trabajar y vivir en una ciudad empiece a dar los derechos que el registro le negaba, lo que lo ata menos a su pueblo y lo incorpora como consumidor y ciudadano urbano pleno. Para la ciudad, el incentivo es ambiguo: gana trabajadores asentados y consumidores, pero paga más servicios. El Estado central empuja porque necesita convertir a la población flotante en consumidores estables para su mercado interno. El incentivo de fondo cambió: integrar al migrante dejó de ser costo evitable y pasó a ser condición del modelo de consumo que Beijing quiere.

El financiamiento es el nudo: los servicios los pagan los gobiernos locales, y la reforma les traspasa una cuenta mayor. El centro ordena sin siempre poner el dinero. Ganan los migrantes y sobre todo sus hijos, que acceden a escuela y salud donde viven. Gana la economía nacional si la población flotante se asienta y consume como urbana plena. Ganan las ciudades que logran retener y formalizar a su fuerza laboral. Pierde, en el corto plazo, el presupuesto de las ciudades receptoras, que es justamente lo que ha frenado la reforma durante años.

Lo pagan los gobiernos locales receptores, con cuentas ya tensionadas por la caída de los ingresos por venta de suelo tras la crisis inmobiliaria. Por eso muchas ciudades grandes aún ponen barreras, puntajes y requisitos, para el hukou urbano pleno, y la directriz de mayo de 2026 todavía deja a las megaciudades margen para graduar el acceso. El costo diferido lo paga la cohesión: décadas de hukou produjeron una generación de «niños dejados atrás» en el campo y una desigualdad de derechos que no se borra con una directriz. El migrante gana en el papel antes que en la práctica.

El Estado central necesita integrar a la población flotante para alimentar el consumo interno, pero descarga el costo en gobiernos locales que no quieren o no pueden pagarlo. Ordena universalizar derechos y a la vez permite a las ciudades más codiciadas seguir filtrando quién entra. Quiere movilidad laboral total y un control del asentamiento que el hukou todavía le da. Beijing afloja el registro lo suficiente para mover trabajadores hacia donde los necesita, sin soltarlo del todo para no perder la palanca de controlar quién vive dónde. Libera y retiene a la vez.

Es un sistema de ciudadanía graduada administrada por el Estado: no todos los chinos tienen los mismos derechos sociales, y el Estado decide quién accede a qué según dónde está registrado y dónde vive. No es socialismo igualitario, eso daría los mismos derechos a todos, ni mercado libre de movilidad, eso dejaría a la persona radicarse sin permiso. El lector con la etiqueta «comunismo» debe ver lo contrario de la igualdad que la palabra sugiere: una jerarquía de derechos por lugar de nacimiento, más parecida a un régimen de pasaportes internos que a cualquier utopía. En los ejes: el Estado controla la propiedad del suelo y la asignación de derechos, con el objetivo de controlar la urbanización. Control poblacional administrado.