¿Cómo construyó China cadenas para recuperar metales de baterías y electrónicos?

▸ Análisis estratégico · The Chinaexpert

Quién gana, quién paga y qué decide Chile

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información diseñó el marco: publica el listado de recicladoras habilitadas, fija estándares técnicos y aplica el principio de responsabilidad extendida del productor, que obliga al fabricante de la batería a responder por su destino final. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma incluyó el reciclaje en la política de economía circular y de materiales críticos. No se dejó que el chatarrero informal se quedara con el negocio; el Estado formalizó la cadena, la trazó y la concentró en empresas grandes y controlables, que son también las que fabrican las baterías nuevas.

Antes, una batería agotada era un desecho peligroso y caro de tratar. El incentivo cambió cuando el metal recuperado valió más que el costo de recuperarlo, y eso ocurrió al subir los precios del litio y el cobalto y al crecer el volumen de baterías disponibles. Para CATL, reciclar a través de Brunp asegura insumo propio y la vuelve menos dependiente de la mina extranjera. Para el Estado, el reciclaje es materia prima nacional sin riesgo geopolítico. El desecho pasó de ser un pasivo ambiental a ser una reserva de metal estratégico dentro de las fronteras del país.

La inversión vino de las propias fabricantes de baterías, que integraron el reciclaje hacia atrás en su cadena, y de fondos públicos de economía circular. Ganó CATL, que cierra su circuito de metal con Brunp; ganó GEM, especializada en recuperación; ganaron los fabricantes de autos que cumplen la norma de final de vida sin montar su propia planta. Ganó China como país, que suma una fuente interna de litio, cobalto y níquel justo cuando esos metales definen la competencia industrial del siglo. El eslabón que pierde terreno es el reciclador informal, empujado fuera por la regulación.

El reciclaje de baterías no es limpio por definición: los procesos hidrometalúrgicos usan ácidos y generan efluentes que, mal tratados, contaminan agua y suelo. El costo ambiental recae sobre las zonas donde se instalan las plantas. La concentración en pocas empresas grandes deja poco espacio a competidores e innovadores pequeños. Y el sistema depende de que el volumen de baterías por reciclar siga creciendo; si la química de las baterías cambia hacia materiales más baratos y menos recuperables, parte de la inversión en recuperación de cobalto y níquel pierde sentido. Quien apostó primero carga ese riesgo tecnológico.

El reciclaje se vende como solución ambiental y, a la vez, es sobre todo una jugada de seguridad de suministro, y las dos metas no siempre coinciden. Recuperar cobalto conviene mientras el cobalto sea caro; si el mercado se mueve a baterías de litio-hierro-fosfato, más baratas y con menos metal valioso, el incentivo económico del reciclaje se debilita justo cuando el volumen de desecho es mayor. La segunda tensión es de poder de mercado: el Estado formalizó la cadena para controlarla, pero esa misma concentración en gigantes como CATL reduce la competencia que haría el reciclaje más eficiente y barato.

La etiqueta «economía verde» tapa lo central. Esto es capitalismo de Estado: el poder público organiza una cadena industrial para asegurarse metales críticos dentro de sus fronteras y depender menos del exterior, igual que una potencia asegura petróleo o granos. La propiedad de las empresas es privada o mixta; la asignación la ordena el Estado con listas, normas y metas; el poder de decidir qué se recicla y quién lo hace es político; el objetivo es autonomía de suministro. Se parece a la política industrial de Japón y Corea del Sur para materiales, más que a un mercado libre de chatarra.