¿Cómo integró China a trabajadores rurales a las fábricas sin cambiar su registro?

▸ Análisis estratégico · The Chinaexpert

Quién gana, quién paga y qué decide Chile

El hukou es la institución central: un registro que divide a la población en rural y urbana y condiciona a esa categoría el acceso a servicios. No prohíbe migrar, pero despega el derecho del cuerpo que trabaja. La Oficina de Seguridad Pública administra el registro; los gobiernos locales deciden a quién conceden conversión a urbano, usualmente a los más calificados o ricos. Reformas recientes flexibilizaron el hukou en ciudades pequeñas y medianas, pero las megaciudades —donde están los empleos— siguen cerradas. La institución convirtió la ciudadanía en un bien escalonado, repartido según utilidad y riqueza.

Para el campesino, el incentivo fue ingreso: un salario de fábrica multiplicaba varias veces lo que daba la tierra, aun sin derechos urbanos. Para los gobiernos locales, el incentivo fue recibir trabajadores que producen e impuestos sin tener que pagarles salud ni escolarizar a sus hijos. Para las fábricas, mano de obra barata, joven y disciplinada por la precariedad. El sistema alineó tres incentivos hacia la migración sin integración: todos ganaban algo inmediato, y el costo —una generación de niños separados de sus padres migrantes— quedaba diferido y repartido en el campo.

Aquí casi nadie financió la integración: ese fue el punto. Ganaron las fábricas exportadoras, que obtuvieron el salario más bajo posible. Ganaron las ciudades costeras, que crecieron sin costear los servicios de quienes las construyeron. Ganó el Estado, que logró la industrialización más rápida de la historia abaratando su insumo humano. Ganaron los consumidores del mundo, con productos baratos. El costo de reproducir esa fuerza de trabajo —criar, educar, cuidar en la vejez— se quedó en el campo, financiado por las propias familias migrantes y por las abuelas que criaron a los niños dejados atrás.

Lo pagaron los cerca de 60 millones de niños dejados atrás, criados por abuelos mientras sus padres trabajaban a mil kilómetros, con daños documentados en desarrollo y salud mental. Lo pagó el migrante, sin pensión digna, sin salud urbana, desechable en cada recesión y empujado de vuelta al campo al envejecer. Lo pagó la cohesión social: una clase de cientos de millones que produce la riqueza urbana sin pertenecer a la ciudad. Y lo paga ahora China entera, con una generación resentida y una demanda interna débil porque esos trabajadores nunca pudieron consumir ni echar raíces urbanas.

China se declara Estado de obreros y campesinos y mantiene a sus obreros campesinos como ciudadanos de segunda en las ciudades que levantaron. El Partido que gobierna en nombre del proletariado construyó el mayor sistema de trabajo sin derechos plenos del mundo moderno. Y ahora la contradicción se le vuelve en contra: necesita que esos 300 millones consuman para reequilibrar la economía hacia el mercado interno, pero sin derechos urbanos no gastan, ahorran por miedo. Flexibilizar el hukou cuesta billones que las ciudades no quieren pagar, y mantenerlo frena el mañana.

Esto es capitalismo dirigido por el Estado: un Estado que industrializa rápido separando el derecho a trabajar del derecho a pertenecer. Para quien piensa comunismo igualitario, lo chocante es que el sistema institucionaliza la desigualdad por nacimiento, como una casta administrativa. En los ejes: propiedad mixta, asignación de trabajo por mercado, pero asignación de derechos por registro estatal, con el objetivo de abaratar la industrialización. No tiene un gemelo occidental limpio; se parece más al trabajador huésped —el Gastarbeiter alemán o el migrante del Golfo—, pero aplicado por el propio Estado a sus propios ciudadanos dentro de sus fronteras.