¿Cómo intenta China bajar el costo de tener hijos con subsidios y servicios?

▸ Análisis estratégico · The Chinaexpert

Quién gana, quién paga y qué decide Chile

La Comisión Nacional de Salud, el Consejo de Estado y los gobiernos provinciales diseñaron un paquete de natalidad. El centro fijó el subsidio nacional en efectivo y las orientaciones; las provincias legislaron licencias y las ciudades montaron salas cuna. La Administración Nacional de Seguridad Médica (NHSA, ) amplió la cobertura de parto y reproducción asistida en el seguro. Es una política multinivel y relativamente nueva: Beijing ordena el marco y pone parte del dinero, y cada región agrega lo suyo según su presupuesto. A diferencia del control de natalidad de antaño, ejecutado con mano de hierro, el fomento es por incentivo, no por mandato.

Durante 35 años el Estado penalizó el hijo extra con multas y sanciones; ahora lo premia con cheques, licencias y deducciones. El cambio de signo es total: de castigar a subsidiar. Para la familia, el cálculo apenas se mueve, 3.600 yuanes al año no cubren una fracción del costo real de criar, pero la señal cultural importa: el Estado pasó de «no tengas» a «ten». Para el empleador, las licencias ampliadas encarecen contratar mujeres jóvenes, un efecto contrario al buscado. El incentivo se invirtió en la letra; en la billetera del hogar todavía pesa poco.

Financian el presupuesto central y los provinciales el subsidio y las salas cuna, y los empleadores las licencias. Ganan las familias que igual iban a tener hijos y ahora reciben un apoyo. Gana el sector de cuidado infantil, salas cuna y servicios de maternidad, reactivado por la política. Gana, en teoría, el Estado si logra frenar la caída. Pero el gran beneficiario esperado, una tasa de natalidad más alta, no aparece: el repunte de 2024 se atribuye al año del dragón, no a la política. El dinero se gasta; el nacimiento adicional, en buena medida, no llega.

Paga el presupuesto público un subsidio caro de escalar si de verdad quisiera igualar el costo de criar. Paga, de forma perversa, la mujer joven en edad fértil: las licencias largas financiadas por el empleador la vuelven más cara de contratar y refuerzan la discriminación laboral que el Estado dice combatir. Pagan las provincias pobres, que decretan licencias pero no tienen con qué subsidiarlas. Y paga la credibilidad de la política cuando los números no se mueven: cada año de natalidad baja pese al gasto erosiona la fe en que el incentivo funcione.

El Estado quiere más hijos pero no quiere pagar lo que costaría tenerlos ni tocar las causas profundas: vivienda cara, jornadas largas, carrera femenina incompatible con la maternidad. Subsidia con cheques modestos mientras encarece a la mujer en el mercado laboral con licencias que el empleador teme. Predica igualdad de género y refuerza, sin querer, el sesgo contra contratar madres. El mismo aparato que durante 35 años impuso el hijo único con eficiencia brutal descubre que empujar en la dirección contraria, por incentivo y no por mandato, es mucho más difícil. Prohibir fue fácil; convencer, no.

Es capitalismo dirigido por el Estado, el mismo repertorio de subsidios, licencias y salas cuna que ensayaron Japón, Corea del Sur y Singapur, todos con resultados magros, al enfrentar su propia caída de nacimientos. No es ingeniería social totalitaria como el hijo único, aunque venga del mismo Estado: ahora opera por incentivo de mercado, no por coerción. El lector con la etiqueta «comunismo» debe ver un Estado que intenta, y en gran medida no logra, comprar un comportamiento íntimo con dinero público. En los ejes: financiamiento fiscal, asignación por incentivo, objetivo demográfico. Se parece a las políticas pronatalistas europeas y del este asiático más que a cualquier plan socialista.