¿Cómo intenta China volver los datos un activo con derechos y beneficios?

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Quién gana, quién paga y qué decide Chile

La Administración Nacional de Datos, creada en 2023, coordina la política; el Ministerio de Finanzas escribió la norma contable que entró en vigencia en 2024; y los gobiernos de Shanghái y Shenzhen montaron las bolsas donde el dato cambia de manos. Es un diseño deliberado de arriba hacia abajo: el Estado no esperó a que el mercado de datos naciera solo, lo intentó fundar por decreto, definiendo categorías de derechos, estándares de calidad y lugares físicos de intercambio. La institución que manda aquí es regulatoria y contable antes que tecnológica; el código vino después de la regla.

Antes, los datos de una empresa quedaban encerrados en su propio sistema porque venderlos era un riesgo legal sin contrapartida. La norma contable cambió el cálculo: si una empresa puede anotar sus datos como activo en el balance, mejora su patrimonio registrado, su capacidad de pedir crédito y su valor ante inversionistas. El incentivo pasó de esconder el dato a declararlo y, en el mejor caso, a comerciarlo. Para los gobiernos locales, cada bolsa de datos es una métrica de innovación que mostrar a Beijing. El dato dejó de ser un subproducto guardado y empezó a tratarse como mercadería con precio.

El financiamiento es mayoritariamente público: las bolsas de datos son infraestructura estatal o mixta, y la Administración Nacional de Datos es un órgano de gobierno. Ganan, por ahora, las grandes empresas de telecomunicaciones, bancos y plataformas que ya tienen volúmenes enormes de datos listos para registrar y vender. Ganan las consultoras y auditoras que certifican la calidad y el precio del dato, un oficio nuevo. Gana el Estado, que al fijar las reglas del mercado de datos se asegura un asiento permanente en una economía digital que en otros países quedó en manos privadas. El pequeño productor de datos todavía no tiene cómo entrar.

El costo recae sobre quien genera el dato sin poder de negociación: el usuario individual cuyos datos personales alimentan los conjuntos que se venden, y las empresas pequeñas sin escala para registrarlos. La separación de derechos en tenencia, procesamiento y operación resuelve el comercio, pero deja en segundo plano el consentimiento de la persona de la que salió el dato. Además, un mercado fundado por decreto puede quedar en papel: varias bolsas registran poco volumen real de transacciones, y el activo contable corre el riesgo de inflar balances sin respaldo comercial verdadero. El costo de un mercado que no despega lo paga quien invirtió en montarlo.

China quiere que el dato circule libremente como mercadería y, a la vez, controlar con firmeza qué dato sale del país y quién accede a él. Son dos impulsos en tensión: la ley de seguridad de datos y la de datos personales ponen límites estrictos a la transferencia transfronteriza, justo cuando la política económica empuja a tratar el dato como activo líquido. La segunda contradicción es de confianza: un mercado necesita vendedores y compradores que crean en el precio, pero el dato es fácil de copiar y difícil de valorar, y un activo que se duplica sin costo resiste mal las reglas de un mercado tradicional.

La etiqueta fácil sería «capitalismo de vigilancia», el término que Shoshana Zuboff acuñó para describir cómo las plataformas de Estados Unidos capturan y venden el comportamiento de sus usuarios. Pero aquí el dueño del juego es distinto: el Estado, más que la plataforma. Esto se parece a socialismo de mercado aplicado a un insumo nuevo: el poder público declara el dato un factor de producción, le inventa un mercado, fija los derechos y se reserva el control de las fronteras. La propiedad queda difusa a propósito; la asignación la diseña el Estado; el objetivo es capacidad económica nacional. Es un experimento sin modelo previo claro.