¿Cómo intenta China volver residuos industriales en materias estratégicas?

▸ Análisis estratégico · The Chinaexpert

Quién gana, quién paga y qué decide Chile

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información conducen la política de «uso integral de recursos», que clasifica residuos recuperables, fija metas y entrega subsidios e incentivos tributarios a las empresas que los procesan. El Ministerio de Medio Ambiente aprieta por el lado de la obligación de limpiar. Los gobiernos provinciales, dueños de los pasivos en su territorio, financian proyectos de recuperación. La institución combina política industrial —que ve el residuo como materia prima— con política ambiental —que lo ve como pasivo a eliminar—, y usa el subsidio para que a la empresa le convenga tratar lo que antes abandonaba.

El residuo se recupera cuando recuperarlo cuesta menos que el metal que entrega, o cuando no hacerlo cuesta multas y cierres. El Estado movió las dos palancas: subió la exigencia ambiental sobre relaves y escombreras, encareciendo el abandono, y bajó el costo de la recuperación con subsidios y rebajas tributarias. A la vez, el alza de precios de ciertos metales y la escasez de algunos minerales volvieron rentable extraer de la basura lo que antes no valía la pena. El desecho pasó de pasivo que había que esconder a reserva que conviene procesar, y esa inversión de signo es lo que activó la cadena.

El financiamiento mezcla subsidio estatal, incentivo tributario y capital de las empresas mineras y químicas que tratan sus propios residuos o de firmas especializadas en recuperación. Ganaron las empresas que dominan la tecnología de extracción de bajo grado y las que convierten escombrera de carbón en material de construcción. Ganaron los gobiernos provinciales que redujeron pasivos ambientales y sumaron actividad. Ganó China en su balance de materias primas, al sumar una fuente interna sin abrir minas nuevas. El beneficio ambiental alcanza a las comunidades cercanas a los depósitos, siempre que la recuperación se haga bien y no agregue su propia contaminación.

Recuperar metal de relaves de bajo grado consume energía, agua y reactivos, y puede generar nuevos residuos si el proceso es sucio: la recuperación mal hecha mueve el problema en vez de resolverlo. El negocio depende del subsidio y del precio del metal; si el precio cae o el apoyo estatal se retira, muchas plantas dejan de ser rentables y quedan a medio camino. La tecnología para extraer de bajo grado todavía no es madura en varios residuos, de modo que buena parte de la montaña de desecho sigue sin recuperarse. Y las comunidades cercanas cargan el riesgo si la planta de recuperación contamina.

El programa promete resolver un pasivo ambiental y, al mismo tiempo, su rentabilidad depende de que el metal valga caro y el Estado subsidie, dos condiciones frágiles. Cuando el precio baja, el residuo vuelve a ser basura que nadie quiere tratar, justo cuando el pasivo ambiental sigue ahí. La segunda contradicción es técnica: recuperar lo que quedó en el relave es, por definición, extraer de material pobre, y eso cuesta más energía por unidad que la mina original, de modo que la solución verde puede tener una huella mayor que la extracción primaria si la energía usada es sucia. Limpiar y producir no siempre apuntan al mismo lado.

La etiqueta «economía circular» suena neutra, pero el motor es mercantilismo de recursos con política industrial de Estado. China trata su propia basura acumulada como un yacimiento nacional para depender menos de la importación de metales, igual que asegura petróleo o granos. La propiedad de las empresas es mixta; la asignación la empuja el Estado con subsidios, metas y obligaciones ambientales; el poder de decidir qué residuo se recupera es político; el objetivo es autonomía de materias primas. Se parece a la política de seguridad de recursos de Japón y Corea del Sur —países pobres en minerales que exprimen cada fuente—, más que a un mercado espontáneo de reciclaje.