¿Cómo urbanizó China a cientos de millones de personas en pocas décadas?

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Quién gana, quién paga y qué decide Chile

La urbanización china se apoya en 2 palancas estatales que funcionan juntas. Primero, el monopolio del suelo: toda tierra urbana es del Estado y la rural es colectiva, de modo que solo el gobierno local puede reclasificar un campo como suelo urbano edificable. Segundo, el registro de hogar (hukou), que decide quién recibe escuela, salud y pensión en cada ciudad. Con la primera palanca el Estado fabrica ciudad a voluntad; con la segunda, gradúa cuánta gente la habita con derechos plenos. Las autoridades de planificación urbana fijan los límites de expansión y las cuotas de suelo por ciudad.

El cambio decisivo llegó con la reforma fiscal de 1994, que mandó la mayor parte de los impuestos a Beijing y dejó a los gobiernos locales con los gastos —escuelas, calles, hospitales— pero sin ingresos suficientes. ¿De dónde sacar dinero? Del suelo. Vender derechos de uso de terrenos reclasificados se volvió la caja de los municipios. A eso se sumó el ascenso de los funcionarios medido por crecimiento del PIB local: urbanizar rápido daba obra, empleo y recaudación. El incentivo quedó alineado: más ciudad significaba más recaudación y más carrera política para el cuadro local.

Quién puso el dinero: los bancos estatales, que prestaron contra suelo como garantía a vehículos de financiamiento de los gobiernos locales (empresas municipales creadas para endeudarse y construir). Quién ganó: los gobiernos locales, que capturaron la diferencia entre lo que pagaban al campesino por su tierra y lo que cobraban al desarrollador; los promotores inmobiliarios privados como Vanke o Evergrande, que crecieron a crédito; y los hogares urbanos tempranos, cuyos departamentos se multiplicaron de valor. La cadena movió decenas de billones de yuanes y creó una clase media propietaria en las ciudades costeras en menos de una generación.

El costo lo pagaron 3 grupos. Los campesinos, a quienes se expropió tierra colectiva a precios administrados muy por debajo del valor urbano que el Estado luego cobraba. Los trabajadores migrantes, cerca de 290 millones de personas que construyeron y atienden las ciudades pero, sin hukou local, acceden a peor escuela y salud para sus hijos. Y las generaciones futuras, porque buena parte de la obra se financió con deuda municipal que hoy suma, según estimaciones, decenas de billones de yuanes. La velocidad tuvo precio: se adelantó consumo, suelo y crédito de mañana.

La máquina funciona para construir y falla para integrar. China levantó ciudades enteras y elevó el ingreso de cientos de millones; a la vez, la proporción con hukou urbano va muy por detrás de la que vive en ciudad. El resultado medible: alrededor de 18 puntos porcentuales de brecha entre quienes residen en urbe y quienes tienen derechos urbanos plenos. Son cerca de 200 millones de personas físicamente urbanas y jurídicamente campesinas. El mismo mecanismo que permitió urbanizar barato —no pagar bienestar completo al migrante— frena hoy el consumo interno que China dice querer.

Quien llega con la etiqueta «comunismo» se equivoca de casillero. Esto se parece más al capitalismo dirigido por el Estado asiático: un Estado que dirige recursos hacia la industria y la ciudad para crecer rápido, antes que repartirlos por igual, como hicieron Japón y Corea del Sur en los años 1960 y 1970 con sus ministerios de planificación. En los ejes importa el detalle: la propiedad del suelo es estatal, pero la asignación es de mercado —se subasta, se especula—; el poder central y local decide dónde y cuándo; el fin es crecimiento y poder nacional antes que igualdad. Capitalismo con dueño estatal del suelo y disciplina de plan.