¿Cómo usa China el registro residencial para repartir el acceso a servicios?

▸ Análisis estratégico · The Chinaexpert

Quién gana, quién paga y qué decide Chile

La institución es el propio sistema de registro de hogar, administrado por el Ministerio de Seguridad Pública y los gobiernos locales, que deciden a quién le dan hukou urbano. Cada ciudad fija sus requisitos: las grandes como Beijing o Shanghái lo entregan con cuentagotas mediante sistemas de puntos (estudios, empleo, impuestos pagados); las chicas lo abrieron más. El registro funciona como una frontera interna: se cruza para trabajar, pero no para acceder a derechos. La ciudad decide cuánta mano de obra admite y cuántos derechos concede, y esas 2 decisiones van por carriles separados.

El incentivo favorece al gobierno local. Cada hukou urbano nuevo le cuesta al municipio años de escuela, salud y pensión; cada migrante sin hukou le entrega trabajo e impuestos sin esa cuenta. El cálculo empuja a admitir trabajadores y negar derechos, sobre todo en las ciudades grandes donde el servicio es caro. A la vez, el gobierno central quiere más consumo interno, y para eso necesita que el migrante se sienta seguro y gaste en vez de ahorrar por miedo. Ambos incentivos chocan: el municipio ahorra negando el hukou, la nación pierde el consumo que ese migrante no se atreve a hacer.

Aquí el financiamiento es al revés: el que gana es quien no paga. Ganaron las ciudades costeras y sus fábricas, que dispusieron de mano de obra abundante y barata sin cargar con el bienestar completo de esos trabajadores. Ganaron los exportadores chinos, cuya competitividad se apoyó en costos laborales bajos. Ganó el presupuesto municipal, que recibió impuestos de población a la que no le dio servicios plenos. Y ganó el modelo de crecimiento por inversión y exportación, financiado en parte por el bienestar que el migrante no recibió. El ahorro forzado de 290 millones de personas subsidió el milagro industrial.

El costo lo paga el migrante y su familia. Decenas de millones de niños quedaron atrás en el campo, criados por abuelos mientras sus padres trabajaban en ciudades lejanas: son los «niños dejados atrás». Los que viajan con sus padres enfrentan escuelas informales y acceso precario a salud. El migrante ahorra por miedo —sin red pública, guarda para la enfermedad y la vejez— y por eso consume poco. Ese ahorro defensivo es parte de por qué el consumo interno chino es bajo para el tamaño de su economía. El sistema abarató la industria y encareció la vida de quien la hizo.

La contradicción es económica y moral. El hukou funcionó de maravilla para industrializar barato y falla justo cuando China dice querer una economía movida por el consumo interno. No se puede pedir a 290 millones de personas que gasten como clase media urbana mientras se les niega la seguridad de la clase media urbana. El régimen que promete «prosperidad común» (, consigna de Xi Jinping) administra una de las divisiones de derechos más grandes del planeta dentro de su propia ciudadanía. Reformar el hukou liberaría consumo, pero le costaría a los municipios una factura de bienestar que no quieren pagar.

El igualitarismo socialista queda lejos: esto es una ciudadanía estratificada, más cercana al corporativismo que al comunismo. En el corporativismo, los derechos dependen de la categoría a la que uno pertenece —aquí, urbano o rural de nacimiento—, en vez de ser universales por el solo hecho de ser persona. El contraste es un Estado de bienestar universal como el sueco, donde el servicio sigue al ciudadano vaya donde vaya. En los ejes: derechos asignados por estatus heredado, poder de concederlos en el Estado local, objetivo abaratar mano de obra para industrializar. Es un sistema que trata al trabajador como factor de producción antes que como ciudadano pleno.