¿Cómo volvió China las plataformas en empleadoras de millones de repartidores?

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Quién gana, quién paga y qué decide Chile

Aquí la institución que gobierna no es un ministerio, sino el algoritmo de la plataforma: fija el precio por entrega, el tiempo máximo, la ruta y la calificación que decide si el repartidor sigue recibiendo pedidos. El Estado intervino tarde: en 2021, siete organismos —encabezados por la administración de regulación de mercado— emitieron directrices para que las plataformas garantizaran ingreso mínimo, descanso y seguro. Pero la aplicación es débil y la figura del autónomo subcontratado persiste. La institución real es un código que organiza a millones de trabajadores con más minuciosidad que cualquier capataz, sin asumir la condición legal de empleador.

El incentivo del repartidor es crudo: cobra por entrega y pierde si llega tarde, así que corre semáforos y arriesga la vida por cada minuto. El de la plataforma es optimizar entregas por hora al menor costo laboral, lo que el algoritmo hace afinando tiempos hasta el borde del accidente. El del consumidor es recibir su pedido en 30 minutos por un recargo mínimo. El Estado, al principio, tuvo el incentivo de que el modelo absorbiera desempleo. Cuatro incentivos empujaban en la misma dirección: más rápido, más barato, sin contrato, hasta que los accidentes volvieron el costo humano demasiado visible.

Lo financió el capital de riesgo y las bolsas: Meituan es una empresa cotizada de altísimo valor. Ganaron los accionistas de las plataformas, que escalaron a cientos de millones de usuarios con un costo laboral mínimo al no reconocer empleados. Ganaron los consumidores urbanos, con entregas baratas y rápidas. Ganó el Estado, que vio absorberse desempleo masivo sin gasto público. El repartidor ganó un ingreso inmediato y flexible, pero a cambio de asumir todo el riesgo —el vehículo, los accidentes, la falta de pensión—. El modelo privatizó la ganancia y repartió el riesgo entre los trabajadores.

Lo pagó el repartidor con su cuerpo: accidentes de tránsito frecuentes, jornadas extenuantes, ingreso inestable y cero red de protección si se lesiona. Lo pagó con su autonomía aparente, porque el autónomo en realidad obedece cada orden del algoritmo sin poder negociar. Lo pagaron los peatones y conductores en calles llenas de riders apurados. Y lo paga la sociedad entera cuando una generación trabaja sin cotizar pensión, acumulando un problema de vejez sin ahorro. La flexibilidad que se vendió como libertad resultó ser traslado de todo el riesgo del negocio al eslabón más débil.

El Estado socialista permitió que el mercado creara una de las relaciones laborales más desprotegidas de su economía. El Partido, que reprimió con fuerza a las grandes tecnológicas en 2021 por su poder, toleró años su modelo laboral porque generaba empleo y consumo. La plataforma dice solo conectar y a la vez controla cada movimiento del trabajador con precisión militar: niega ser empleadora mientras ejerce todo el poder de una. Y cuando el Estado por fin reguló, chocó con su propio interés en que el modelo mantuviera ocupados a millones. Reconocer al repartidor como empleado encarece el servicio que el Estado quiere barato.

Esto es capitalismo de plataforma, idéntico al de Uber o DoorDash en Estados Unidos: una empresa privada que organiza trabajo masivo mediante un algoritmo y evita la condición de empleador reclasificando al trabajador como autónomo. Para quien piensa China comunista, es revelador que su economía digital funcione con las mismas reglas de la economía de encargos occidental, y a veces con menos protección. En los ejes: propiedad privada de la plataforma, asignación por algoritmo de mercado, poder concentrado en la empresa, objetivo de maximizar entregas y valor bursátil. El Estado solo entra como árbitro tardío. La etiqueta socialista no describe lo que vive el repartidor.