Un decreto argentino define el Estrecho de Magallanes como espacio de control conjunto y Chile pide corregirlo: el paso que conecta dos océanos vuelve a tensar la frontera

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Quién gana, quién paga y qué decide Chile

El decreto 457, firmado en Argentina en 2021, incluye en su anexo una definición del Estrecho de Magallanes y del Mar de Drake como espacios donde es fundamental fortalecer la exploración, el estudio y el control conjunto. El problema para Chile está en la palabra conjunto. El estrecho pertenece a Chile por tratados internacionales firmados hace más de un siglo. Hablar de control conjunto sugiere una soberanía compartida que los tratados no contemplan. Chile lleva desde 2021 pidiendo que Argentina corrija la formulación, y aunque el presidente Milei se comprometió en 2025 a rectificarla, no lo hizo. La disputa se reactivó en agosto de 2026 cuando un alto mando militar argentino declaró públicamente que la boca del estrecho es argentina.

La posición chilena descansa en dos tratados sólidos. El Tratado de Límites de 1881 estableció la frontera entre Chile y Argentina y asignó el Estrecho de Magallanes a Chile. El Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado tras el conflicto por el canal de Beagle que casi llevó a los dos países a la guerra, ratificó esa soberanía. Ambos tratados establecen que la navegación por el estrecho es libre para las naves de todas las banderas y que el paso queda neutralizado a perpetuidad, lo que significa que Chile no puede militarizarlo ni cobrar peaje. Chile tiene la soberanía; el mundo tiene el derecho de paso. Esa arquitectura jurídica es la que la formulación argentina de control conjunto pone en cuestión.

La comparación del Estrecho de Magallanes con el Estrecho de Ormuz, el paso de Medio Oriente por donde circula gran parte del petróleo mundial, no es casual. El valor de un paso marítimo depende de cuánto comercio necesita cruzarlo. La crisis del Canal de Panamá, cuya capacidad se redujo por la sequía que bajó el nivel de sus lagos, obligó a buscar rutas alternativas entre el Atlántico y el Pacífico. El Estrecho de Magallanes es la principal de esas alternativas en el cono sur. A medida que el comercio entre océanos crece, empujado en buena parte por el intercambio con Asia, el valor estratégico del estrecho sube, y con él la importancia de tener clara su soberanía.

Lo delicado de esta disputa es que ocurre al mismo tiempo que Chile y Argentina negocian el corredor de Pichachén para sacar el gas de Vaca Muerta al Pacífico por puertos chilenos. Los dos países cooperan en energía y compiten en soberanía marítima en la misma temporada. Para Chile, el desafío es defender su soberanía sobre el estrecho con firmeza sin dinamitar la agenda de integración energética que le conviene. Es un equilibrio fino: ceder en el estrecho debilitaría una carta estratégica, pero escalar el conflicto podría hundir el corredor de gas. El gobierno de Milei, que reconoció los tratados y buscó desactivar la tensión, parece entender que el conflicto abierto no conviene a ninguno de los dos países en un momento donde ambos ganan más cooperando.