LATAM ·
Tribunal peruano revierte fallo y ordena supervisión estatal del puerto de Chancay operado por COSCO
En enero un tribunal había eximido a COSCO de la supervisión de Ositran. El 2 de julio, otro tribunal revirtió la decisión: aunque el puerto es privado, es de uso público y debe ser regulado.
El 2 de julio de 2026, un tribunal peruano revirtió un fallo de enero que había eximido parcialmente a COSCO Shipping Ports del control del regulador de infraestructura Ositran sobre el puerto de Chancay. El fallo de enero había sido calificado por funcionarios estadounidenses como una cesión de soberanía por parte de Perú. La nueva sentencia establece que, aunque Chancay es propiedad privada de COSCO, opera como puerto de uso público y por lo tanto cae bajo la jurisdicción regulatoria de Ositran. La decisión puede ser apelada.
El puerto de Chancay, diseñado para reducir los tiempos de envío entre LATAM y Asia, fue inaugurado en noviembre de 2025 con la presencia del presidente Xi Jinping. COSCO Shipping Ports opera la terminal. Estados Unidos había presionado a Perú para restablecer la supervisión regulatoria, argumentando que la exención creaba un enclave operativo chino sin control estatal. La reversión del fallo llega en un momento de tensión comercial entre China y EE.UU. por la influencia en infraestructura latinoamericana.
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Quién gana, quién paga y qué decide Chile
El caso Chancay es el laboratorio regulatorio de la inversión china en infraestructura latinoamericana. La secuencia es instructiva: 1) COSCO invierte y opera. 2) Un tribunal exime a COSCO del regulador. 3) EE.UU. presiona. 4) Otro tribunal revierte. 5) COSCO puede apelar. Lo que Perú descubrió es que la regulación debe estar en el contrato original, no en disputas judiciales posteriores. Para Chile, la pregunta es operativa: cuando el Plan Logístico 2036 licite la ampliación de San Antonio o Mejillones, ¿el pliego incluirá cláusulas de supervisión regulatoria irrenunciable? ¿O repetirá el patrón peruano de negociar primero y regular después? El fallo también revela la presión geopolítica: fue EE.UU. quien públicamente calificó la exención de Ositran como cesión de soberanía. Chile, que tiene TLC con ambos, no puede ignorar que cada decisión de infraestructura portuaria es leída en Washington y Beijing como una señal de alineamiento.
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