Chile, China y Bélgica compiten por la sede del Tratado de Alta Mar

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Quién gana, quién paga y qué decide Chile

La alta mar es todo el océano más allá de las 200 millas de cada país, casi la mitad del planeta, y durante siglos no tuvo dueño ni reglas. El 17 de enero de 2026 eso cambió: entró en vigor el Tratado de Alta Mar, el primer marco global para proteger la vida en esas aguas. Hicieron falta 60 ratificaciones; hoy ya son 93 los países parte.

El acuerdo tiene cuatro pilares: crea áreas marinas protegidas en alta mar, reparte los beneficios de los recursos genéticos del océano —la materia prima de futuras medicinas—, obliga a evaluar el impacto ambiental de lo que se haga en esas aguas y transfiere tecnología marina a los países que no la tienen. Por primera vez el océano abierto tiene un reglamento y una autoridad que lo hace cumplir.

Todo tratado necesita una secretaría, una ciudad donde se instale su administración. Tres candidatas quedaron en la mesa: Valparaíso, Xiamen y Bruselas. La decisión se toma en enero de 2027, en la primera Conferencia de las Partes, en Nueva York. Primero se busca consenso; si no lo hay, se vota en secreto y gana quien llegue a dos tercios.

China ofrece a Xiamen, y a la vez es el país con más contratos de exploración de fondos marinos del mundo: 5, más que cualquier otro Estado. La minería submarina se decide en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, no en este tratado, pero el interés queda a la vista: el país más volcado a explotar el fondo del océano busca albergar la casa que gobierna ese mismo océano.

Chile no le gana a China en comercio ni en tamaño, pero en gobernanza del océano puede liderar. Fue el primero de América Latina en ratificar, controla la corriente de Humboldt y el Pacífico sur, y juega la carta de la equidad ante África, Asia y los estados insulares. Albergar la secretaría es jugar de nodo diplomático, no de proveedor de materias primas.