Safeguard Defenders documentó 102 estaciones policiales chinas en 53 países, incluida América Latina
Pekín las llama centros de servicio para trámites de sus ciudadanos. Fiscales de dos democracias las vincularon en tribunales a vigilancia y presión sobre disidentes en el extranjero.
El hecho
Qué pasó, sin interpretaciónLa organización Safeguard Defenders, con sede en España, documentó 102 estaciones policiales chinas operando en 53 países de todos los continentes salvo la Antártida. Pekín las describe como centros de servicio administrativo para sus ciudadanos en el exterior, como renovación de licencias de conducir. Autoridades y medios de más de una docena de países las consideran ilegales porque abrieron de forma encubierta, sin aviso al gobierno anfitrión. El Ministerio de Seguridad Pública chino declaró que 230.000 ciudadanos fueron 'persuadidos de regresar' a China para enfrentar cargos entre abril de 2021 y julio de 2022. En enero de 2026, la Policía Montada de Canadá firmó un memorando de cooperación con ese mismo Ministerio de Seguridad Pública, el organismo que fiscales de dos democracias vincularon en tribunales abiertos a la vigilancia e intimidación de disidentes en suelo extranjero.
El contexto
Cómo se conecta con la cadena más grandeEl mecanismo se conoce como represión transnacional: la extensión del brazo policial de un Estado más allá de sus fronteras para vigilar, presionar o forzar el retorno de personas que considera problemáticas. China no es el único país que lo practica, pero opera a la mayor escala documentada. Las estaciones combinan trámites reales con presión sobre familiares y seguimiento de activistas, y su ambigüedad —mitad servicio consular, mitad control— es justamente lo que las vuelve difíciles de prohibir. Varios gobiernos europeos ordenaron cerrarlas; otros las toleran para no dañar la relación comercial con Pekín.
Escenarios de solución
No solo el problema — qué puede hacer ChileLa Cancillería inventaria qué centros operan y bajo qué figura, y fija reglas de transparencia. Es lo que hicieron democracias europeas sin costo comercial mayor.
El Estado deja la actividad sin fiscalizar por temor a incomodar a Pekín, y cede jurisdicción de hecho. El silencio se lee como permiso y sienta un precedente difícil de revertir.
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El poder que no pide permiso
Lo relevante no es que China ofrezca trámites a sus ciudadanos, sino que despliegue capacidad policial en territorio ajeno sin acuerdo con el gobierno local. La cifra de 230.000 personas 'persuadidas de regresar' muestra la escala del retorno forzado que denuncian los fiscales.
El dilema latinoamericano
La región no puede darse el lujo de romper con su principal socio comercial, pero tampoco de ceder jurisdicción. La salida europea —exigir transparencia y ordenar cierres donde corresponde— es replicable sin sacrificar el comercio.
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Safeguard Defenders documentó 102 estaciones policiales chinas en 53 países, incluida América Latina Para Chile y América Latina el punto es concreto: hay comunidades chinas grandes en la región y Safeguard Defenders identificó estaciones en países latinoamericanos. Lo cubrimos en The Chinaexpert News 👇
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