Finanzas ·
El Congreso de EE.UU. calcula US$6.500 millones de Wall Street en empresas militares chinas
Un informe del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino de la Cámara de Representantes estimó que instituciones financieras estadounidenses invirtieron unos US$6.500 millones en 63 empresas chinas incluidas en listas negras de los departamentos de Estado y Defensa, y atribuyó al menos US$1.900 millones a fondos de BlackRock. Un informe de 2026 apuntó además a JPMorgan y Bank of America por ayudar a CATL a levantar capital. El propio comité reconoce que ninguna de esas operaciones está prohibida por la ley estadounidense.
El hecho
Qué pasó, sin interpretaciónEl Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino de la Cámara de Representantes de Estados Unidos estimó, en un informe de abril de 2024, que instituciones financieras de su país invirtieron cerca de US$6.500 millones en 63 empresas chinas incluidas en listas negras de los departamentos de Estado y Defensa, y calculó que al menos US$1.900 millones correspondían a fondos de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. El comité también envió cartas a BlackRock y al proveedor de índices MSCI por más de US$429 millones detectados en una revisión de 5 fondos. En 2026, un nuevo informe del mismo comité señaló a JPMorgan y Bank of America por ayudar a CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo y designado por el Pentágono como empresa vinculada al aparato militar chino, a levantar miles de millones en capital; el propio informe admite que esas transacciones no están prohibidas por la ley estadounidense. BlackRock ha respondido que sus fondos índice replican los indicadores que construyen firmas como MSCI, dentro de la legalidad vigente. Las cifras provienen de informes parlamentarios y de grupos de presión, con sus propios criterios de conteo; conviene leerlas como estimaciones del Congreso, con esa autoría visible.
El contexto
Cómo se conecta con la cadena más grandeLa paradoja que los informes exponen es legal, con menos de escándalo clandestino y más de agujero regulatorio: Washington restringe la venta de chips y tecnología a China, pero su propio capital fluye por canales permitidos hacia las empresas que sus agencias señalan. Las listas del Pentágono no prohíben invertir; prohibiciones reales hay pocas y acotadas. Y las empresas señaladas, como CATL, son al mismo tiempo las que fabrican las baterías que electrifican a medio mundo, Chile incluido.
Escenarios de solución
No solo el problema — qué puede hacer Chilelos reguladores chilenos piden transparencia de exposición a empresas bajo designación estadounidense en los fondos que invierten afuera, antes de que una sanción los sorprenda.
Chile mapea proveedores críticos de su transición energética y evita que un solo fabricante designado concentre su matriz de buses, baterías y almacenamiento.
Chile trata el tema como pelea ajena y descubre su exposición el día que una sanción real convierta las listas en prohibiciones.
▸ Análisis estratégico · The Chinaexpert
Quién gana, quién paga y qué decide Chile
El agujero que el comité describe y no puede cerrar
Los informes del Congreso muestran un sistema donde las listas negras del Pentágono conviven con inversiones perfectamente legales en las empresas listadas. La guía regulatoria deja espacio, las filiales extranjeras amplían el margen, y el resultado es que el capital estadounidense financia aquello que la política estadounidense dice contener.
Las mismas empresas, dos relatos
CATL es, a la vez, la empresa designada por el Pentágono y el fabricante que abarata las baterías del planeta. El inversionista la ve como campeona de la electromovilidad; el comité, como brazo del aparato militar-industrial chino. Los dos relatos usan los mismos hechos y conviene conocer ambos antes de firmar nada.
Lo que Chile debería preguntarse
Chile está en las dos puntas de esta cadena: vende el litio que esas baterías usan y compra los buses y autos que las llevan, mientras su ahorro institucional sigue índices globales. Saber qué se carga, por decisión o por índice, es el mínimo de soberanía financiera que el caso deja a la vista.
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