Valparaíso compite contra Xiamen y Bruselas por la sede del Tratado de Alta Mar: la decisión se toma en enero de 2027 con 82 ratificaciones ya depositadas

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Quién gana, quién paga y qué decide Chile

El tratado gobierna la columna de agua de la alta mar: los peces, las esponjas, las bacterias y todo lo que vive más allá de las 200 millas náuticas que cada país controla frente a su costa. Sus 4 herramientas son la creación de áreas marinas protegidas internacionales, las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias, el reparto justo de los beneficios de los recursos genéticos marinos y la transferencia de tecnología a países en desarrollo. Igual de importante es lo que quedó fuera. La minería submarina siguió en manos de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el organismo de Naciones Unidas que administra el suelo oceánico. La pesca siguió bajo las organizaciones regionales que reparten cuotas, como la que fija cuánto jurel puede capturar cada país en el Pacífico Sur, donde Chile tiene la cuota más grande. Y el transporte marítimo siguió bajo la Organización Marítima Internacional. El tratado nuevo no absorbió esos regímenes: los rodea. Los roces entre todas esas reglas superpuestas serán el terreno donde los abogados del mar trabajarán durante la próxima década.

La secuencia de China cuenta una estrategia. Firmó el tratado en 2023, cuando firmarlo era el gesto esperado de una gran potencia. Pero lo ratificó recién en diciembre de 2025, apenas 3 semanas antes de que entrara en vigor, y de inmediato postuló a Xiamen como sede. Traducido: esperar hasta el último momento para comprometerse y, una vez adentro, buscar el control de la administración diaria del tratado. El interés de fondo tiene nombre y coordenadas. Las empresas chinas acumulan 5 contratos de exploración de minería submarina —más que cualquier otro país— con foco en una zona del océano Pacífico llamada Clarion-Clipperton, entre Hawái y México, donde el fondo marino está tapizado de rocas del tamaño de una papa que contienen cobalto, níquel, manganeso y tierras raras: los ingredientes de las baterías y los imanes que mueven los autos eléctricos y las turbinas eólicas. Un tratado ambiental administrado desde una ciudad china le daría a Beijing una posición privilegiada dentro del régimen que definirá qué exigencias ambientales rodean a esos contratos. Los investigadores que siguieron las negociaciones bautizaron la postura china como 'multilateralismo cauteloso': defender en público la conservación colectiva de los océanos, mientras se asegura en privado que las reglas nuevas no toquen sus intereses centrales.

Chile llega a esta competencia con 3 credenciales verificables. La primera es simbólica y potente: fue el 2° país del mundo en ratificar el tratado, un compromiso temprano que ni China ni la Unión Europea pueden exhibir. La segunda es histórica: Santiago alberga desde 1948 la CEPAL, la comisión económica de Naciones Unidas para América Latina, lo que significa 70 años de experiencia recibiendo organismos internacionales. La tercera es científica: Chile tiene universidades, institutos y flota de investigación oceánica con estándar mundial, además de su posición como puerta de entrada a la Antártica. Las debilidades también son concretas. El presupuesto para financiar la sede no está comprometido por ley, y una candidatura sin cierre financiero es una promesa, no una oferta. China compite con chequera: ya ha financiado sedes completas de organismos internacionales para llevarlas a su territorio. Y Bruselas vota en bloque con los 27 países de la Unión Europea, aunque carga con un argumento en contra que Chile puede usar con elegancia: la mayoría de las secretarías ambientales del mundo ya están en Europa, y el sur global lleva años pidiendo que las instituciones se repartan mejor.

Aquí está el corazón estratégico de esta historia, y se entiende con un calendario. La campaña de Valparaíso corre de junio a diciembre de 2026. La cumbre APEC, con Xi Jinping como anfitrión, es el 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen. La votación de la sede es en enero de 2027. Es decir: el presidente de Chile compartirá mesa con el presidente de China 8 semanas antes de que se vote entre la ciudad chilena y la ciudad china. Los desenlaces posibles son 3 y todos son legibles desde ya. China puede retirar a Xiamen a cambio de algo que le interese en otra mesa: avances en el litio, el cable submarino, la agenda tecnológica. China puede mantener su candidatura y dividir los votos de los países en desarrollo, que son justamente los que Chile necesita. O ambos países pueden negociar un paquete donde Beijing apoya a Valparaíso a cambio de puestos en los órganos técnicos del tratado, los comités donde se escriben los detalles que la prensa no mira pero que definen todo. Lo único seguro es que si la delegación chilena llega a Shenzhen sin una propuesta armada para este cruce, la negociación la conducirá el que sí llegó preparado.